Juan Ramón Lagunilla en la mesa sobre formación del profesorado |
En dichas jornadas han participado Ramiro Curieses y Juan Ramón Lagunilla, Presidente y Secretario de la Liga Palentina de la Educación respectivamente.
El programa completo de las jornadas se puede consultar aquí
Después de dos días de intensos debates en los que han participado expertos en los distintos aspectos que comprende la asignatura, y representantes de distintas organizaciones sindicales y ONG, al finalizar las jornadas se hicieron públicas las siguientes
CONCLUSIONES:
Ramiro Curieses expone la práctica de educación en valores en el IESo Canal de Castilla |
La posible negación de la existencia de la ética pública en la que se sustenta el rechazo a la, hasta ahora, denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y por tanto al aprendizaje escolar de los valores que integran “el sustrato moral del sistema constitucional” y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no nos pueden hacer olvidar la necesidad y la urgencia de potenciar las dos facetas en las que se debe sustentar la propuesta curricular de la educación en valores como educación ético cívica.
Por una parte, la del papel que ha de desempeñar la ética en la búsqueda de lo que se considera una “buena sociedad”, abierta, plural y democrática, es decir la función que corresponde a la ética pública en la convivencia social. Porque se considera necesaria la existencia de un código moral compartido que rija la conducta responsable de la ciudadanía en las relaciones con sus semejantes. La ética colectiva en nuestros días está lastrada negativamente por varios factores que están en el origen de la desmoralización de amplios sectores de la sociedad. El individualismo insolidario, consumista y egoísta, la corrupción, el rechazo al diferente, la exclusión, la desigualdad y la injusticia, el predominio de las vivencias darvinistas de los mercados sin reglas y un largo relato de carencia de valores humanos.
Por otra parte, tenemos que tomar en consideración la preocupación que por la educación para la ciudadanía democrática se ha extendido ampliamente por Europa, y ha sido asumida hasta la fecha por todos los gobiernos democráticos de España. La reflexión inicial de la que arranca este nuevo impulso europeo en pro de la educación cívica se encuentra en el deterioro y la desafección por parte de la ciudadanía que está experimentando el sistema y la practica democrática y la necesidad de fortalecerlos, puesto que la democracia, en su sentido más profundo es sobre todo una conquista de civilización, fundada en los logros de los derechos civiles, políticos y sociales de ciudadanía que deben ser preservados en beneficio de todos y todas. Por ello los Estados tienen el deber de promover un cambio en la cultura cívica y política que debe surgir y desarrollarse desde la escuela y continuar en todos los niveles educativos.
En coherencia con las anteriores reflexiones, podemos concluir que:
1. Sigue siendo cada vez más necesario explicar a la juventud el significado de la ciudadanía responsable en una sociedad democrática, plural y cambiante. La educación para la ciudadanía es muchísimo más que una asignatura. Es el propósito en sentido profundo de la educación pública y obligatoria, y, como tal, debe impregnar todo el proyecto educativo, el currículum, la gobernanza y la vida democrática de las instituciones educativas, en el ámbito de la consecución de las competencias básicas social y ciudadana, y autonomía e iniciativa personal.
2. Lo peor que podría ocurrirle a nuestro sistema educativo, a nuestras comunidades educativas, a nuestra sociedad, es volver a verse envueltos, una vez más, en una poco ejemplar polémica doctrinaria, en otro nefasto combate agresivo, dogmático y estéril, que perturbe una vez más la paz social y de las aulas, sustituyendo al debate racional, cívico y democrático que corresponde realizar a quienes predican y proponen a los demás paradigmas de valores capaces de mejorar el comportamiento humano y la convivencia social.
3. Más que el nombre que tenga la asignatura en el futuro, nos interesa y preocupa especialmente el debate sobre valores y contenidos que deba tener la materia, así como la búsqueda de un consenso que consideramos imprescindible para pacificar definitivamente la querella abierta sobre el desarrollo curricular que cabe dar al artículo 27 de la Constitución – una pieza esencial del pacto que la dio consistencia y permanencia-,y una vez que el Tribunal Supremo asentó, con sus sentencias los limites que unos y otros hemos de observar a la hora de ordenar e impartir la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, o el nombre que se le dé a la materia que la sustituya.
4. Creemos que nos encontramos en un momento muy oportuno para comenzar una reflexión constructiva, tanto sobre las cualidades y defectos y los avances que ha significado la implantación de la EpC, por la LOE, así como sobre el alcance que debería tener la asignatura de Educación Cívica y Constitucional con la que el nuevo Gobierno pretende sustituir aquella.
5. Los difíciles y costosos avances que entre todos conseguimos realizar a partir de cada esfuerzo reformador, en cuestiones tan delicadas y complejas, pero tan necesarias como la educación ético cívica, no pueden ser despreciados, ni tirados por la borda debido a impulsos de fundamentalismos morales o religiosos.
6. Sea cual sea el nombre que se le de a la asignatura, creemos imprescindible y fundamental seguir con el actual currículo, y en todo caso, mantener unos contenidos articulados alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de seis ideas fundamentales: Dignidad y Derechos Humanos inalienables y los valores constitucionales; la igualdad entre hombres y mujeres, valorando y respetando la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos; la cultura de la paz; el respeto a las diferencias, conociendo y comprendiendo las diversas opciones morales existentes y las diferencias entre las personas; la convivencia, tolerancia y la resolución pacífica de conflictos; la responsabilidad ciudadana: consumo responsable, educación vial, desarrollo sostenible, el papel social de los impuestos, etc.
7. Garantizar el tiempo necesario para su correcto aprendizaje, aumentando la carga lectiva horaria en las distintas etapas educativas y cursos académicos en los que se imparte la materia actualmente.
8. Impulsar la formación inicial y permanente de todo el profesorado en Educación para la Ciudadanía y específicamente la de los y las docentes responsables de esta materia.
9. Facilitar los recursos adecuados y la formación necesaria para que los centros educativos sean espacios de convivencia, de prácticas democráticas de participación social y de ejercicio del diálogo y del debate como formas racionales de superar los conflictos y las diferencias, de tal forma que la educación en los valores cívicos y de ciudadanía se conviertan en un ejercicio práctico que potencie y estimule la educación en los mismos.
10. La educación para la ciudadanía no debe reducirse al ámbito de la educación formal. Deberá jugar un papel fundamental en el aprendizaje a lo largo de toda la vida de los ciudadanos, de manera que adapten sus comportamientos a las nuevas situaciones sociales, culturales, económicas, etc., que la sociedad demande. La sociedad civil debe ser convocada para ampliar los escenarios de la educación para la ciudadanía, por su potencial educativo y por el cúmulo de “buenas” prácticas y experiencias que vienen desarrollando determinados colectivos. Las ONG, con el apoyo institucional preciso, y como espacios de participación cívica de todos y todas, juegan un papel clave y fundamental en la formación de educación para una ciudadanía activa.
11. Partiendo del modelo existente actualmente en España y en Europa, es necesario seguir promoviendo eficazmente la educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos en todos los sistemas educativos europeos, mediante la enseñanza y aprendizaje de asignaturas específicas, así como de forma transversal, fomentando y apoyando las relaciones e intercambio de experiencias entre los y las profesionales dedicados a esta materia en todos los países europeos.
Con las aportaciones de los distintos ponentes y de las organizaciones y colectivos que han participado en estas IV Jornadas se elaborará una publicación y un Manifiesto, consensuado con todos los grupos, movimientos y organizaciones implicadas en la defensa de una educación ético cívica y para la ciudadanía, basada en los valores democráticos y constitucionales, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que permita articular un foro de diálogo y corresponsabilidad en el que, sin perder la personalidad y ámbito de actuación de cada una de ellas, camine para potenciar elementos nucleares comunes que fortalezcan la educación para la ciudadanía y el desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria.
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